Tenemos una empresa que ejerce un servicio para otras empresas o privados diciendo: “Tenemos un total de 200 profesionales en nuestra plantilla”. Si bien esta empresa tiene doscientos empleados, y usa estos doscientos empleados como una carta de presentación para publicitarse, ¿qué pensarías si de esos empleados, setenta estuvieran ahí porque el gobierno le da dinero a la empresa por ellos?, a la hora de elegir a uno u otro, piensan en que es más rentable contratar a un minusválido, una mujer o un inmigrante que a un hombre joven, sin minusvalías y autóctono del país porque, pese a que pueda trabajar mejor o peor, el otro les da dinero y consideran que esa persona hace el trabajo, si hay alguna deficiencia al desarrollarlo los otros ciento treinta podrán subsanar los daños y encima llenan el cupo de vacantes.

Esta entrada no tiene ningún objetivo racista, sexista o vejatorio hacia las personas minusválidas; esta entrada tiene el afán de tomar como justo, no el hecho de que todos tengamos las mismas oportunidades, sino el hecho de que todos deberíamos ser medidos por la misma regla, discerniendo quién vale o no para un puesto de trabajo de forma tal que cada individuo sea un profesional y tenga la capacidad de desempeñar su trabajo de forma apta y con capacidad, para, así, poder tener claro que un individuo contratado por una empresa no es un fantoche que no sabe hacer las cosas, sino un profesional conciente de su cargo en quien se puede confiar a ciegas puesto que es un buen profesional y tiene su puesto por méritos propios.
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